Es ya un lugar común señalar que en nuestro país se ha instalado el fujialanismo, el fujiaprismo o el tercer fujimorismo. Para llegar a esta conclusión los analistas, líderes y organizaciones muestran como evidencias las votaciones en el congreso, el silencio frente a la extradición del dictador y la política económica de continuismo neoliberal. Sin embargo, lo que viene sucediendo las últimas semanas no sólo vincularía a los seguidores de Fujimori con los de García, los hechos permitirían concluir que al dúo se sumaría Montesinos, si tomamos en cuenta la retahíla de psicosociales provenientes de palacio de gobierno que permanentemente se insertan en el escenario nacional.

Asuntos como la pena de muerte y el retiro del Perú de la CIDH, el “inminente” atentado terrorista de fin de año que sobredimensionó el activismo de un pequeño grupo juvenil y, últimamente, la venta del avión presidencial, simple acto administrativo que no debiera merecer mayor publicidad, demuestran que el gobierno ha resultado ser un aplicado alumno de las prácticas confusionistas que se usaron en los noventa.

Pero el uso de mañas fujimontesinistas no queda allí. En el parlamento actual  también se han intentado promover malos hábitos aunque en no pocos casos los intentos han fracasado. Eso fue lo que sucedió la pasada semana con dos proyectos de ley enviados por el Ejecutivo referidos a la educación.

La historia se inicia el martes 13 de febrero cuando ingresan por conducto regular ambos documentos. Al día siguiente, es decir el miércoles 14 fecha en la que se celebra San Valentín, en conferencia de prensa conjunta el ministro del sector y la presidenta del congreso anuncian la presentación de los proyectos centrando su atención en el de carrera pública magisterial y mencionando casi de pasada el proyecto que pretende declarar a la educación básica regular como “servicio público esencial”. De pronto el mismo 14 en horas de la noche algunos congresistas son informados que el Ejecutivo ha solicitado la dispensa de trámite para la segunda propuesta de ley y que al día siguiente se discutiría y, eventualmente, se aprobaría en la sesión ya convocada de la comisión permanente. Nadie negará que el estilo se parece mucho al usado, por ejemplo, en las llamadas “leyes sorpresa” que cotidianamente se aprobaban durante el decenio fujimorista. Al final la comisión permanente no abordó el proyecto por la rápida reacción sutepista y la contraria opinión de varios representantes de diversas bancadas.

Si bien la iniciativa gubernamental es breve sus consecuencias para el magisterio, el movimiento sindical y la vigencia de los derechos democráticos son perniciosas.

La propuesta busca fundamentalmente dos cosas: calificar a la educación básica regular como servicio público esencial y otorgarle al ministro de educación las facultades que le permitan “dictar las medidas necesarias” en el caso de una huelga docente.

En relación a lo primero resulta incomprensible que la administración que dice estar haciendo una “revolución educativa” quiera otorgarle calidad de “esencial” sólo a la educación básica regular. ¿Por qué no merece el mismo sitial la educación superior? o mejor ¿por qué la educación en su conjunto no es tratada de manera tan especial? En la exposición de motivos se dice, además, que si bien la educación básica regular no es un “derecho fundamental protegido por la Constitución” debe ser incluida en ese listado. Otra vez preguntamos ¿se puede modificar la Carta Magna mediante una ley ordinaria?, ¿no se requiere acaso un procedimiento especial denominado “reforma constitucional”?

Sobre la potestad ministerial para implementar mecanismos tendientes a evitar que se interrumpa el servicio educativo en el caso de paralización de labores el asunto es más complicado. José Antonio Chang ha declarado que no se trata de despidos, pero ¿qué valor puede tener la palabra de una persona que exclamó a los cuatro vientos el carácter no punitivo de la evaluación censal y terminó traicionando su compromiso verbal? Por el contrario, dejarle las manos libres a quien a todas luces ha declarado la guerra al sindicato es muy peligroso no sólo para los profesores sindicalizados sino también para el ambiente adecuado que requieren los cambios en educación.

Ha dicho además el ministro más “exitoso” del gabinete que su portafolio elabora una lista de maestros alternos o sustitutos para cubrir los ocasionales vacíos dejados durante una huelga. Pero, antes de enrolar a contratados y jubilados con el perverso propósito de enfrentarlos a los activos ¿no debería el MED nombrar a los miles de contratados y darle su lugar a los cesantes que en la actualidad son completamente maltratados? Otra vez el facilismo y la confrontación para alcanzar ruido mediático y ninguna gestión de envergadura  para elevar el presupuesto en educación o facilitar la implementación del Proyecto Educativo Nacional.

Lo que no se quiere decir es que el gobierno ha decidido sacar del camino al SUTEP. La campaña que sataniza a la dirigencia nacional, la ilegal e inconsulta disminución de licencias sindicales, el cuestionamiento permanente a la Derrama Magisterial administrada exitosamente por los docentes organizados marcan un derrotero que aparentemente no se desea abandonar.

Ya se ha dicho hasta la saciedad que “sin maestros no habrá reforma de verdad”. Si el interés sincero es el país, los niños y la juventud no se trata de marginar, excluir o liquidar; lo correcto es valorar el inmenso papel cumplido por quienes, a pesar de la negligencia estatal han persistido en la noble tarea de educar.