Tenemos en el Perú un ministro al que los sondeos de opinión pública definen como el “funcionario de gobierno con mayor aprobación”; un responsable de sector que el presidente García no ha dudado en llamar “ministro estrella” y coloca siempre como modelo a seguir instando al resto de su gabinete a “aprender de él”; un titular de pliego cuya máxima virtud ha sido “haber arrinconado al SUTEP” con el apoyo, por supuesto, de los verdaderos responsables de la crisis de la educación. Sin embargo, a estas alturas (ocho meses de gestión), es necesario hacer una somera evaluación para saber si los resultados son realmente “exitosos”. Considero que la primera característica que salta a la vista al momento de analizar el trabajo del ministro José Antonio Chang es la improvisación. Improvisación que a decir de Luis Bedoya Reyes -insospechable de identificación magisterial-, se ha convertido en peculiaridad de toda la administración actual.
Para
muestra bastan algunos botones: La municipalización de la educación, que no aparece por ninguna parte en el Plan de Gobierno aprista a pesar de estar funcionando hoy como proyecto piloto en 56 municipios distritales a lo largo y ancho del país. El Programa Nacional de Capacitación, indesligable de cualquier proceso de Evaluación Docente, a la fecha carece de financiamiento y el ministro intentó salvar vía una autorización que le permitiera trasladar recursos de una partida a otra. La reducción del analfabetismo al 4%, cifra que dio como meta Chang en septiembre del año anterior, mientras el presidente declaraba efusivo que en julio de 2011 el analfabetismo se iba a erradicar. En fin, un conjunto de contradicciones que denotan sólo improvisación y pronostican futuros inmediatos no precisamente de cambio “responsable” o transformación. Es difícil admitir que con tamañas incoherencias pueda procesarse en el Perú una “revolución en la educación”. La segunda característica que poco a poco se está dejando ver es la corrupción. El manejo inmoral de gran parte de los 200 millones de soles correspondientes al llamado “shock de inversiones” en el sector, ha permitido observar algo del polvo y la basura que se escondían debajo de la alfombra. Lástima que hayan tenido que ser algunos medios de comunicación los denunciantes y no los integrantes de un equipo ministerial que se precia de tener “eficiencia y habilidad”. La supuesta “ofensiva anticorrupción” del MINEDU, empero, no ha sido suficiente para esclarecer varios asuntos que merecen aún explicación. Si bien se han destituido funcionarios –algunos de los cuales eran defendidos secretamente por prominentes directivos del partido de gobierno-, faltan entuertos por sancionar. Por ejemplo, la compra de mobiliario de aluminio y fibra de vidrio para sustituir a las tradicionales carpetas de madera en la que se ha gastado más de 1 millón de soles adicionales no se investiga desde el edificio de la calle Van de Velde sino desde las oficinas del Ministerio Público. Igualmente resulta sospechoso que hasta hoy el ministro no haya respondido a dos graves acusaciones lanzadas por el parlamentario nacionalista Werner Cabrera Campos el día que se presentó ante la Comisión de Educación del Congreso de la República. La primera vinculada con sus acreditaciones académicas que los peruanos no podemos conocer pues en el Portal de Transparencia del ministerio no aparece publicado su Currículo Vitae; y la segunda, el “conflicto de intereses” en el que estaría incurriendo su viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez, quien además de ejercer tan importante cargo es Asesor Académico de la Corporación CEPEA, grupo que tiene en su seno a la Universidad “Simón Bolívar” y no pocas instituciones de educación básica y superior. Lo sorprendente es que estas bien documentadas denuncias no han merecido el menor acompañamiento mediático quizá porque el ministro cuenta con muchos amigotes distribuidos en periódicos, radios y televisión a los que benefició con postgrados y/o becas o publicidad. La humillación a los maestros podría ser la tercera distinción de la administración Chang. No contento con haber desarrollado en contra de los docentes organizados en el SUTEP una especie de “guerra preventiva” al estilo George Bush –estrategia que abarcó desde las arbitrarias reducciones de licencias hasta la inconstitucional prohibición del derecho de huelga, pasando por el socavamiento financiero de la Derrama Magisterial-, el titular del pliego se ha empecinado en implementar una campaña que identifica a los profesores con personas “mediocres e incapaces”. El extremo de este plan lo ilustró denigrantemente una conocida revista local que presentó una protesta sindical llena de maestros con enormes orejas de burro. Obviamente en esas condiciones es muy complicado propiciar modificaciones sustantivas en la educación o para decirlo en frases de Constantino Carvallo “(el gobierno) se ha llevado de encuentro la imagen de los maestros en el Perú, y eso es muy peligroso porque las posibilidades de reforma de la educación depende, fundamentalmente, de los docentes”. El mismo maquiavelismo hemos encontrado cuando se procura responsabilizar de la crisis educativa sólo y exclusivamente a los profesores negando el rol directriz del Estado y su poca atención a la financiación. Decía un amigo con incuestionable razón que aceptar esa hipótesis es como creer que la debacle de la agricultura reposa absolutamente en los hombros de nuestros campesinos que no supieron asumir con madurez su obligación. Sintetizando, entonces, no puede calificarse de victoriosa una gestión que tiene tantos ribetes discutibles. Será exitosa para quienes lo fundamental es la destrucción del enemigo que se opone a sus planes de privatización, pero generará inquietud en los que aspiramos a tener una educación inclusiva y liberadora, pertinente frente a los retos que plantea la realidad local, nacional y mundial, que sitúe en el centro al ser humano y no a la ganancia de una pequeña minoría que la historia ya demostró que fracasó.
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