La noche del 6 de noviembre del 2005, en Santiago de Chile, Alberto Fujimori debió pensar que sus sueños de volver a ocupar la Presidencia de la República del Perú se iban al agua, luego de recibir la orden de detención de manos de autoridades chilenas. Sus años de prófugo en Japón no lo habían preparado para aquella detención. Al ver las cámaras de televisión que lo enfocaban rumbo a la prisión, no tuvo otra iniciativa que ocultarse la cara.

Creía haber hecho los esfuerzos necesarios para que los que se favorecieron con su política entreguista le permitieran guarecerse a la espera de mejores tiempos para una nueva postulación. En esos días, hasta el gobierno japonés lo trataba como un ciudadano más.

Había llegado con demasiadas ilusiones. Había visto al propio presidente Lagos fajarse por un requisitoriado de la justicia peruana: Andrónico Luskic, el dueño de Luchetti, que había negociado favores con Montesinos para mantener su empresa en la única reserva ecológica que le quedaba a Lima: Los Pantanos de Villa.

Esa noche sus sueños despertaron en la triste realidad. Horas después habría de revisar con sus abogados la extensa lista de casos por los que le reclamaba la justicia peruana. Ahora tendría que enfrentarlos. Los casos que siempre le preocuparon fueron los referidos a violaciones a los derechos humanos.

En su celda de la prisión habría de recordar que desde el primer momento les dio carta libre a los militares para que pudieran actuar sin cortapisas.

¿Acaso no había carta libre para las desapariciones, para los sobres-bomba, para los operativos de rastrillaje y para la ejecución de los sospechosos de subversión?

¿Alguna vez alguien le escuchó explicar por qué los autores de la masacre de Barrios Altos llegaron al lugar en camionetas asignadas a su hermano Santiago y al viceministro del Interior de entonces? ¿O por qué se usaron pistolas ametralladoras con silenciadores, de uso militar?

Y cuando se publicaron los testimonios que comprometían en crímenes de lesa humanidad a Martin Rivas y otros oficiales a los que había condecorado, ¿alguien escuchó al comandante supremo de las fuerzas armadas y del SIN preguntar qué estaba pasando?

¿O lo hizo furtivamente en las instalaciones del SIN y el SIE donde vivió largos años, precisamente aquellos en los que se desató la guerra sucia?

¿Dijo algo cuando de una universidad tomada por los militares desaparecieron un profesor y nueve estudiantes, algunos de los cuales habían sido vistos participando de una pedrea de la que fue víctima un año antes?

¿Y quién sino él y sus socios promovieron leyes de impunidad para sacar a los ejecutores de la cárcel?

Fujimori estaba convencido que no habrían acusaciones en su contra, luego que los principales acusados decidieran callar ante la justicia civil para encubrir su participación en las ejecuciones de Barrios Altos, La Cantuta, El Santa y la del periodista Pedro Yauri. Pero se equivocó, el silencio de Montesinos, Hermoza Ríos, Salazar Monroe y Martin Rivas, no le ayuda mucho.

Ya tres integrantes del grupo de aniquilamiento: Marco Flores Albán, Isaac Paquiyauri Huaytalla y Julio Chuqui Aguirre, reconocieron los crímenes de Colina y permitieron al fiscal Pablo Sánchez sustentar la acusación por homicidio calificado, asociación ilícita para delinquir, secuestro y desaparición forzada, contra 57 acusados

A su vez, esa versión permitió a la Primera Sala Anticorrupción –integrada por Inés Villa bonilla, Inés Tello e Hilda Piedra Rojas- aplicar la figura de sentencia anticipada contra Flores Albán, Paquiyauri y Chuqui Aguirre. El golpe fue tan contundente que a los abogados de Colina no les quedó más que recusar a los jueces argumentando que adelantaban un veredicto que establecía la culpabilidad de los demás acusados.

César Nakazaki, Estuardo Malpica y Estela Valdivia, afirmaron que no estaba probada la existencia del grupo de aniquilamiento, dejando de lado el sinnúmero de documentos oficiales incautados en el Cuartel General del Ejército que demostraban la entrega de armas, explosivos, y vehículos para su accionar. Después solicitaron la nulidad del juicio.

Pero fue en vano. Marco Flores Albán se encargó de entregar una de las pruebas más sustanciosas contra sus ex compañeros: un audio en el que el general Hermoza felicitaba a los integrantes del grupo armado. «Ustedes han sido elegidos para formar un grupo de élite, el grupo Colina, los exhorto a dar lo mejor de sí para que lleguen a los objetivos trazados», se le escuchaba decir al general.

Hasta el propio Martin Rivas había dejado sus rastros. En diálogo con el periodista Umberto Jara, dejó en claro que el crimen de La Cantuta habría sido imposible sin una decisión política de Fujimori y Montesinos. Era una versión distinta a la que ahora prestaba frente al tribunal de justicia, donde intentaba acallar las versiones acusatorias.

En su celda de Santiago, Fujimori debió pensar en los testimonios que lo comprometían. Recordaría el vídeo en el que Montesinos insistía en responsabilizarlo ante Juan Briones y María Luisa Cuculiza, video que no había podido ocultar en su apresurada fuga al Japón, y que su ex socio se había cuidado en distribuir cuando estaban distanciados.

En esas imágenes, su asesor se exculpaba de toda responsabilidad: «La Cantuta, Barrios Altos,… todos son del SIE, y no tienen que ver con el SIN, nada, nada… Todo sale de acá. La Cantuta igual… »

Cuando montesinos deslindaba la autoría de los crímenes, las imágenes lo mostraban señalando el sillón que Fujimori solía usar en el SIN.

Con disgusto, el ex presidente recordaría también los tensos momentos que vivió tras el estallido de un coche-bomba en la calle Tarata. La sensación de desasosiego que sentían los autores del golpe de Estado que pretendía salvar al país y la amenaza del fin del régimen nacido el 5 de abril. Los rostros tensos de sus socios y la posibilidad de una intervención multinacional en el país. 

Y el informe de inteligencia que les devolvió la calma y que señalaba que la noche del atentado un profesor y un grupo de estudiantes de La Cantuta habían retornado en una camioneta manchada en sangre. Y que alguien había dicho que ellos eran los responsables del atentado de la calle Tarata…

… Y que se dio la orden de eliminarlos.