Con una desvergüenza que no llama la atención, Alan García ha cuestionado el derecho de las comunidades de Cajamarca, Amazonas y el Alto Piura a pronunciarse sobre la conveniencia de decidir, a través de un referendo, la continuidad del proyecto minero Río Blanco que ejecuta la minera Majaz. "El Gobierno tiene que hacer cumplir la ley, la misma que establece las reglas que el país tiene para generar inversión. Eso no depende de que algunas personas se reúnan y digan que no quieren inversión", sentenció tras calificar de ‘agitadores comunistas’ a quienes hacen los cuestionamientos. García afirma que los territorios ricos en recursos mineros no son propiedad de unas cuantas comunidades campesinas, sino de los 28 millones de peruanos. Pero, ¿quién le ha dicho a él que puede entregar nuestros recursos forestales e hídricos para beneficiar a sus nuevos amigos chinos, que son promotores del nuevo capitalismo de Estado que ha puesto en grave riesgo su propia ecología? ¿Cuál es su relación con la firma china Zijin Metais, que planea operar en la zona y que incluso ha ofrecido crear un fondo de US$ 80 millones para obras de infraestructura? Empresa a la que García ya le otorgó graciosamente un convenio de estabilidad tributaria. ¿Cuánto costó ese beneficio?
¿Acaso desconoce
el informe del Banco Mundial que estima que el costo anual de la
degradación ambiental en el país es del orden del 3,9 por ciento del
PBI (equivalente a 8.200 millones de nuevos soles anuales)? ¿Y que
por año mueren 3,800 peruanos por la contaminación del aire? ¿Valen más las inversiones mineras, que los niños que se contaminan por plomo en Cerro de Pasco u otros lugares del país? Quién si no el Estado deberá resolver los más de 600 pasivos ambientales dejados por sus amigos mineros que contaminan el agua y el aire en las lejanas comunidades del país, agua y aire que terminan por llegar a nuestras costas por si no lo saben los incautos. Alan García pretende negarles el derecho a pronunciarse a las provincias de Huancabamba y Ayabaca en Piura, así como las provincias de San Ignacio y Jaén en Cajamarca. Como si no le bastara ello, ha ordenado el traslado de un destacamento del Ejército a la zona en que se realizará la consulta popular. Él cree haber movido bien sus fichas. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con una prisa inusual ha denunciado penalmente al alcalde de Ayabaca, Humberto Marchena Villegas, por delito de usurpación de funciones. El mismo organismo ha señalado que la consulta vecinal es ilegal, negando de forma arbitraria el derecho de los pueblos a decidir sobre su destino. Ha negado el derecho de los agricultores a apostar por un desarrollo agroindustrial sostenible y rechazar la explotación minera que perturba el medio ambiente, la convivencia pacífica de los campesinos, que dependen directamente de sus cultivos. Peor que eso, pone en riesgo las fuentes de agua que abastecen a tres departamentos y compromete la viabilidad del agro. Alan García cuestiona el derecho de modestos pobladores a seguir cultivando café, plátanos, azúcar, limones y mangos, para que Minera Majaz deprede los bosques de neblina, y los ecosistemas que abastecen de agua el norte del Perú. Pretende dar paso a una mina de cielo abierto, extremadamente contaminante por el uso intensivo de productos químicos y el uso excesivo del agua, los que tendrán un impacto desastroso en los ríos que nacen en los Andes. La pregunta es por qué García aparece como vocero de la empresa que pretende instalar una mina de cobre en la zona de Río Blanco y abrir camino a otros proyectos, como la explotación de oro en la provincia de San Ignacio. Sin duda, detrás se encuentran otros consorcios mineros como Newmont Mining Corporation, que busca explotar 30 mil hectáreas del subsuelo en Huancabamba. No les basta con haber depredado las zonas acuíferas de Cajamarca, ahora pretenden hacer lo mismo con los recursos de El Alto Piura y Amazonas. Minera Majaz tiene un área concesionada de 6,472 hectáreas. El proyecto se ubica entre 2,000 y 3,000 metros de altura, en la comunidad campesina de Segunda y Cajas (provincia de Huancabamba) y en la comunidad campesina de Yanta (provincia de Ayabaca). La Minera Majaz no tiene permiso legal ni licencia social para realizar labores de exploración y explotación minera en los terrenos, pues si bien en julio de 2002, logró la firma de un acta por parte de la Junta Directiva de Segunda y Cajas, autorizándole el ingreso a su propiedad para realizar un "trabajo sísmico", el permiso fue revocado con posterioridad. En base a la autorización de 2002, Majaz presentó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) un estudio de actividades de exploración. La respuesta del MEM demoró hasta 2004, porque Majaz no tenía licencia social para explorar la zona. El MEM, extrañamente, aceptó después la situación ilegal de la empresa. Según el artículo 71 de la Constitución, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer minas, tierras, bosques o aguas dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras. Eso implica que la minera no puede instalarse. En mayo de 2003, la asamblea de Segunda y Cajas desautorizó y anuló el permiso de julio de 2002 para el trabajo sísmico, por lo que dejó sin efecto legal la autorización. La asamblea acordó, además: "No permitir ninguna exploración minera en el territorio comunal". El proyecto minero vulnera el Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que dice que las comunidades deben ser consultadas antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. El proyecto Río Blanco se ubica a 25 kilómetros del Santuario Nacional Tabaconas-Namballe. Pese a todo, Majaz ya ha desbrozado una amplia extensión de bosques primarios que contienen especies de cedro y romerillo, maderas de alto valor económico, con el fin de construir un campamento y perforar la tierra para determinar cuánto cobre y molibdeno hay en la zona. Tiene todo listo para extraer 220 mil toneladas de cobre por año. Para alcanzar esa cantidad de minerales concentrados, necesita extraer 120 mil toneladas de roca por día. Anualmente, la mina excavará 43 millones de toneladas de roca, lo que da una idea de la destrucción ecológica autorizada por Alan García. Después de los primeros cuatro años, las cifras de destrucción se duplicarán, con lo que cerros enteros desaparecerán y nuevos cerros resurgirán, ya que el material de desmonte alcanzará 18 millones de toneladas por año. Los expertos aseguran que la producción de cobre a tajo abierto es muy contaminante. En las fases de extracción, proceso químico y refinación se producen aguas ácidas, relaves tóxicos y elementos residuales con metales y tóxicos que contaminan el ambiente. La calidad del aire y la salud humana estarán en peligro por las partículas nocivas. Los páramos que forman un ecosistema con capacidad de regular los flujos del agua serán destruidos. Y con ellos el sistema que captura, filtra y distribuye el agua a la costa peruana. Otro tanto ocurrirá con los bosques de neblina, en el que se forman abundantes precipitaciones. La zona donde desea explorar la minera es de una enorme diversidad vegetal, rica en variedades de orquídeas y plantas silvestres nutritivas y medicinales. Los bosques de neblina, que representan menos del 2,5 por ciento de las selvas tropicales del mundo, tienen una diversidad admirable por ser bosques primarios. Son el último refugio en el Perú de los casi extintos tapires de montaña, fósiles vivientes con 20 millones de años que se han refugiado en el área por su especial climatología y agreste geografía. Su población no excede los 2,500 ejemplares en el mundo y menos de 500 en el Perú. Igualmente, en las partes más altas del páramo vive una cantidad desconocida del amenazado oso de anteojos, de felinos andinos, venados enanos, etcétera. Las formaciones vegetales de los bosques de neblina, además, tienen retenidas enormes cantidades de carbono. Eso implica que, si se las elimina, van a liberar a la atmósfera enormes masas de gas, contribuyendo al calentamiento global.
|