“Martín Rivas grito: “¡Arrodíllense todos!”, en medio de insultos al profesor y a los estudiantes, les dijo “sus días como subversivos han terminado”.

Sujetos armados se colocaron detrás de ellos. La orden final la dio el jefe del grupo armado. Los cuerpos se estremecieron con el impacto, mientras la luz relampagueante de las pistolas iluminaba la noche y el sonido sordo de las balas precedía al silencio”. (1)

Han transcurrido más de 15 años para que por fin los familiares del caso La Cantuta tengan la posibilidad de acceder a un juicio justo y que repare moralmente el daño que han sufrido por la pérdida de sus seres queridos.

Con la extradición de Fujimori dictada por la justicia chilena, se abre ahora la posibilidad de sancionar al principal responsable de crímenes de lesa humanidad, crímenes que han dejado heridas abiertas y cicatrices que aun no sanan.

Justicia y sanción
El juicio al ex presidente Fujimori no empieza de cero, la Sala Anticorrupción que preside la Dra. Inés Villa Bonilla ha seguido el proceso en contra de los integrantes del Grupo Colina por la desaparición y asesinato de los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” La Cantuta.

Este juicio está en su fase final, está por culminar y ya existe sentencia anticipada en contra de los agentes operativos Jacinto Tena, Manuel Germana, Chuqui, Paquiyauri entre otros, quienes se han acogido a los beneficios de la Ley de Colaboración Eficaz.

Estas penas privativas de libertad son de 15 años, lo mínimo para este tipo de casos que involucran responsabilidad directa de agentes operativos que participaron en el asesinato de los estudiantes y el profesor.

Para este caso también se cuenta con el testimonio del ex Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza, el “General Victorioso”, quien ha señalado que el ex presidente Alberto Fujimori tenía pleno conocimiento de las acciones que realizaba el Grupo Colina.

Por su parte, el agente Gómez Casanova también ha testimoniado que el Gral. (r) Nicolás de Bari Hermoza les manifestaba que las acciones del Grupo Colina eran de conocimiento del ex presidente Fujimori. Se ha presentado como pruebas en el proceso las cartas de felicitación que Fujimori realizó a los integrantes de Colina.

Pero la estrecha relación del ahora reo ex presidente con este grupo paramilitar tiene antecedentes y va más allá. El jueves 15 de junio de 1995, a dos meses de su reelección para un segundo gobierno, Fujimori promulgó en el diario oficial El Peruano la Ley 26479, conocida como Ley de Amnistía o de la Impunidad, ley que dejaba en libertad al “personal militar, policial o civil que se encontraba denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes y militares derivados u originados con ocasión o consecuencia de la lucha contra el terrorismo y que pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde mayo de 1980 hasta la fecha de su promulgación” (2)

Más claro no pudo estar. Esta Ley de Amnistía se hizo con nombre propio para beneficiar a los integrantes del grupo Colina que habían sido detenidos y juzgados, en parte por la presión de la sociedad civil y los medios de prensa, por el asesinato de los estudiantes y el profesor de La Cantuta.

El panorama es complejo teniendo en cuenta que quienes fueron subordinados de Fujimori ahora lo acusan. Al parecer, el reo ex presidente no midió bien sus movidas, falto de cálculos y reflejos políticos, el retorno al país para responder a la justicia peruana puede resultar siendo también una magnifica oportunidad para acabar con la mafia aun supérstite en diversas esferas de poder, tanto de las Fuerzas Armadas como de los dueños de medios de comunicación, así como de políticos aupados bajo el manto de la impunidad y desmarcados de toda responsabilidad o sanción moral por su nefasto rol en la oprobiosa década infame como es el caso del actual presidente regional del Callao Alex Kouri.

Para el caso particular del juicio a Fujimori, el abogado de la defensa, el Dr.César Nakasaki ha planteado postergar para el próximo año el inicio del juicio por los casos de La Cantuta y Barrios Altos, estando en lo inmediato dispuesto a responder por los aquellos vinculados a corrupción ocurridos en su gobierno como los vladivídeos, el allanamiento de la vivienda de Montesinos, entre otros.

Pactando con la mafia
La actitud del gobierno en el caso Fujimori ha sido de desmarque y desentendimiento. Sus compromisos políticos con el fujimorismo lo atan y son fuertes, tanto que la correlación política en el Congreso de la República y la propia estabilidad del gobierno aprista penden de los votos de la bancada de los Raffos, Cuculizas y Hildebrantd.

Para nadie es un secreto que hay algo bajo la mesa, un pacto secreto entre el aprismo y el fujimorismo. Las voces bullangueras y placeras de Carlos Raffo los primeros días de la extradición de Fujimori en contra del gobierno por las “deplorables” condiciones en las que estaba recluido el ex presidente han dado paso a declaraciones más diáfanas y consentidas.

Quizá por el eso el trabajo sucio, el de la barra brava, la han dejado para los “militantes”, personajes a sueldo, el lúmpen fujimorista que atentó contra El Ojo que Llora, el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado.

Parte de estas agresiones desatadas incluyen amenazas de muerte para los familiares de La Cantuta y Barrios Altos. El gobierno y sus principales organismos de seguridad debieran estar alertas y asumir sus garantías personales. La mafia ha vuelto, estamos advertidos.

1. Pag. 19, El Crimen de La Cantuta, autor Efraín Rua

2. Pag. 23, El Ocaso de la Década Infame, autor César Robles