Ese ha sido y es el gran problema de la educación nacional. Las clases dirigentes, incapaces de realizar un gran proyecto histórico para construir la nación peruana, los administradores de las políticas gubernamentales, en particular en estas últimas décadas, no han hecho más que asumir las recomendaciones y conclusiones de organismos como el Banco Mundial, cuyos informes tienen carácter vinculante para la política nacional. En el informe sobre Los Recursos Humanos en la Salud y la Educación Públicas en el Perú, elaborado por Richard Webb y Sofía Valencia entre octubre de 2004 y julio de 2005, encontraremos las bases teóricas y la fundamentación política para entender en su real dimensión la agresión de parte del gobierno aprista en contra del magisterio nacional y en particular del SUTEP, al responsabilizarlo de la baja calidad del sistema educativo y de la “degradación de la carrera magisterial”. Webb reconoce que las deficiencias en la calidad del servicio educativo tienen su origen en el colapso fiscal al que ingreso el país en la década de los 80s, lo que “obligó a reducir sustancialmente el salario real de los empleados públicos” y que la “debilidad institucional” expresada en la incapacidad del gobierno para monitorear el desempeño y el cumplimiento de las normas laborales dieron un poder político desmesurado al SUTEP, “cuyos miembros son una masa indiferenciada de trabajadores antes que una meritocracia profesional”. Planteado el asunto de esta manera, el Informe del Banco Mundial se apura a recomendar la aplicación de una política de “fortalecimiento institucional, en particular una mejor implementación de la disciplina al trabajo basada en estándares verificables, y una mayor participación de usuarios más informados”. Esto último planteado como una guía para la acción del actual gobierno en relación al rol de los padres de familia a través de las APAFAS y el CONEI. También se señala la necesidad de la “reformulación de la carrera de servicio público de los docentes, retornando a procesos de evaluación, selección y promoción basadas en el mérito y otros elementos propios del desarrollo de la carrera”. La decisión política del APRA de discutir y aprobar la nueva Ley de Carrera Pública Magisterial tiene esta orientación y esta clara tendencia punitiva. Sobre el rol del SUTEP, Webb no tiene el menor reparo en señalar que el “sindicato cuenta con una autoridad inapropiada y constituye un gran obstáculo a la reforma”. Haciendo hincapié en que el gobierno comparte la responsabilidad por esa autoridad indebida, ya que permite una “deducción en planilla para la cuota del sindicato y al financiar las actividades de representantes sindicales con licencias pagadas”. Esa tendencia autoritaria desatada por el gobierno aprista en los últimos meses en contra del magisterio y el SUTEP se explica en parte por este tipo de recomendaciones.
Equilibrios
de bajo nivel En este sentido, el informe concluye en que para que se realice “una mejora significativa y sostenida del servicio educativo se requiere el surgimiento de una fuente de presión nueva y externa lo suficientemente fuerte como para superar el escaso interés a favor del cambio de los actores”, dicho de otra manera, presión sobre los maestros y los funcionarios del Ministerio de Educación, recurriendo y utilizando a los padres de familia. De lo anterior, ya no sorprende entonces el anuncio del Presidente Alan García realizado en noviembre del año pasado en el Congreso de APAFAS, en el que invitó a los padres de familia ha asumir un rol más activo en el proceso educativo y en la supervisión de la calidad del servicio en sus respectivas instituciones educativas. Las directivas de política educativa están diseñadas y planteadas por los tecnócratas del Banco Mundial, más claro no puede estar el asunto.
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