La masacre no la hizo la policía en Santa Anita, en plena ciudad de Lima, sino en Casapalca, a 120 kilómetros de la capital y a 4,200 metros de altura. Ahí los robocops dispararon sobre trabajadores, que horas antes habían sido reconocidos por el premier como personas que tenían razón de reclamar ante los abusos de los propietarios de las mina que no han cumplido siquiera con los acuerdos que firmaron con la ministra de Trabajo. El primer balance un muerto a bala y otro por golpes y caída desde lo alto del cerro.

Tampoco, por cierto, les interesaron demasiado los niños involucrados en el problema, como antes lo hicieron cuando de por medio había una foto y un rollo sobre niños escudos que justificaba arrebatárselos a sus padres Ahora el resultado ha sido una niña de un año de edad asfixiada en medio de los gases y la pólvora. También se reporta una cuarta víctima, un civil aparentemente ajeno a los acontecimientos que falleció dentro de una ambulancia.

Pero quizás lo más interesante es la poca indignación ciudadana por estos hechos. Puede que juegue la distancia. Pero lo principal es el trato que ofrece la prensa a este caso.  ¿Qué pasaría si los titulares preguntaran abiertamente por el responsable de la orden para hacer  uso de armas de fuego contra obreros desarmados?, ¿dónde están las preguntas sobre el entrenamiento de la policía para enfrentar manifestantes con niños?, ¿por qué los medios no persiguen a Alva Castro para que responda por esta matanza y le siguen permitiendo hacerse el tonto con declaraciones de tipo de que estas cosas pasan cuando se trata de desbloquear carreteras? ¿Por qué no hay nadie detrás de  los Gubbins, los empresarios mineros de esta historia, que se burlan de medio mundo, y hacen lo que podría ser el papel de malo de la película, a la manera de Herminio Porras?

No aquí los medios han decidido que este tema no ayuda a su propia mirada del mundo. Empresarios canallas, mineros en la miseria y sin derechos en pleno auge de las empresas, gobierno que mata, son asuntos que no van con lo que se ha venido diciendo que pasa en el país. Así nos encontramos de nuevo con las bondades de la libertad de expresión que les permiten expresarse como les conviene y les da la gana a los que tienen la posibilidades hacerlo, y la ausencia de libertad de información (protegida por la Constitución), para el resto, porque sólo nos informamos de lo que lo dueños de los medios quieren que sepamos y de la manera como desean que lo hagamos. 

¿Qué idea va a quedar en nosotros?, ¿la del policía que lleva a una niña en brazos luego de habérsela quitado a su madre, como se titularon los hechos de Santa Anita, o la de aquellos hombres verdes que recibieron la orden de abalear y bombardear a los trabajadores que protestaban al lado de sus mujeres y sus hijos?

Creo que sobra la respuesta.

Puesto sobre la balanza, la propiedad de la multimillonaria familia Granier y su derecho a seguir expresándose en Venezuela, digamos que como la opción anti Chávez, y la desgracia de los mineros de Casapalca mal pagados, precariamente contratados, despedidos y no repuestos, a pesar que todos celebran los éxitos de la minería, que significa grandes ganancias para los inversionistas, ¿cuál debería merecer mayor cobertura e investigación de la prensa?

Todos vemos al sindicato mundial de la libertad de expresión que defiende la propiedad privada sobre los medios, que es la misma que oculta la masacre, trampea sobre las razones de los pobres y transforma en importante lo que no lo es. No creo que los mineros peruanos marcharían por defender a los dueños de los medios de comunicación peruanos si algún día acaba su monopolio de la información.