Ahora la distracción fue de Aurelio Pastor, el dilecto discípulo y protegido del buen Coquito. O sea que todo lo malo se aprende. Tantos meses expurgando expedientes, discutiendo currículums, explicando que cómo no aquí nadie tenía militancia de partido, y de pronto se descorre la cortina y el sapo que aparece es un socio de Mantilla, López Meneses y los generales montesinistas que continúan en actividad, ni más ni menos que en doctrina y educación del Ejército, consagrado en la mañana del mismo día para el más alto magisterio de la república.

Ya se está haciendo una costumbre de los miembros del gobierno de cometer errores del calibre de misiles transoceánicos. Y la salida es retroceder de inmediato bajo el empuje de la prensa, la que posa sus selectivos ojos en unos responsables y no en otros. Porque lo que pasó aquí –y ocurrió otras veces- es que García dictó el ultimátum del lunes para que el Congreso saltara de un día para otro a nombrar los cargos pendientes en el Tribunal Constitucional, sabiendo que ninguna matemática que no fuera la de la componenda y el toma y daca podía resolver que el número 120 dividido entre seis grupos pudiera sumar 80 votos y elegir a cuatro personas.

Cabanillas y Pastor calcularon seguramente toda la noche y se encontraron con el impasse de que los dos sectores a los que el APRA ha recurrido alternativamente para lograr mayorías simples: Unidad Nacional y UPP, estaban enfrentados sobre la candidatura de Paz de la Barra que defendían estos últimos. Por tanto no cabía la suma de ambos, con los fujimoristas y el partido de gobierno. Y como hace la gente de principios eligieron al que tenía mayor número de votos y embarcaron en el viaje a los nacionalistas, aceptando su candidato.

Unidad Nacional y Alianza Parlamentaria quedaron fuera porque eran dos los que salían sobrantes en el reparto. Pero no es verdad que hubiesen puesto resistencia a la propuesta de Santiago Fujimori a favor de Javier Ríos. Más aún, como ha explicado reiteradamente Raúl Castro lo que había pasado en la Comisión era que Ríos había sido presentado como sustituto a las objeciones a Paz de la Barra. Y si las cosas hubieran seguido por ese camino tal vez el bloque de cuatro hubiera contenido una de las cartas de la derecha (¿Blume?, ¿Villanueva?) y ahora habrían otros criticando el amarre que consagró por unas hora a un notable mantillista y montesinista.

Lo más impresionante es que cuando la Comisión Pastor parecía lograr un imposible consenso, sus voceros decían sin sonrojarse que habían escogido a los 17 mejores, y que cualquiera que fuese elegido tendría las calificaciones profesionales y morales para el ejercicio del cargo de guardián de la constitucionalidad. Ahora se ve que no era así. Los mismos miembros de la Comisión reclaman contra la transparencia, como si hubiesen estado a ciegas en las sesiones de trabajo. Y los medios que chillan en titulares y entrevistas nocturnas por televisión y matinales por la radio, son los mismos que nos habían convencido de que esta vez si se había hecho una selección seria y que el país iba a ganar con cualquiera de los que habían pasado las pruebas previas.

¿Y quién dice que García no debió presionar con el procedimiento, como antes no debió hacerlo con el “schock de inversiones”, que no sólo vulnera la autonomía de las decisiones sino que precipita a cometer errores? ¿Y quién le dice a Meche que ha confundido el parlamento con una escuelita y a Pastor con el alumno que se demora en entregar la tarea? Obviamente para esos temas la prensa, se escabulle. Mucho más fácil es hablar de otorongos.

Pero llegado a este punto ¿qué se hace?

Como yo lo veo no sólo hay que echar a Ríos, sino dar marcha atrás en la elección de los otros tres, con las disculpas del caso, y hay que declarar nulo el trabajo de la Comisión Pastor. La ley faculta a prorrogar el mandato de los actuales magistrados hasta la elección de sus sucesores. Entonces lo urgente es cambiar el sistema de selección para que la sociedad –incluidos los partidos-, pueda tener participación activa en proponer y opinar sobre los postulantes, y el de votación que no debería depender de las correlaciones en el Congreso, como se hace actualmente con los jueces.   

No tiene sentido que se intente llenar con un individuo más la nómina de cuatro que ha sido mortalmente herida por el caso Ríos. Significaría consagrar un método que el país no acepta. Pero igual de equivocado sería querer sacar otros cuatro de los 17, o hacer combinaciones diversas, que llevarían al mismo sitio al que llegamos este martes. Si de algo puede servir esta crisis es para reducir el poder de los politiqueros del APRA y otros partidos.