Mientras la minería es hegemónica en las políticas de Estado, los cuestionamientos y otras opciones locales son consideradas “desfasadas” porque toca las entrañas del modelo económico y las estructuras del Estado. Este ambiente no sólo acentúa las contradicciones sino demuestra que el tema de fondo es innegociable ya que el poder central, político y económico, no está dispuesto a modificar su política nacional pero sí a sacrificar la protección de los derechos ciudadanos para asegurar las ganancias mineras. Existen casos y hechos donde esta incompatibilidad es mas que evidente, es realidad.

Hace algunos años los impactos negativos y beneficios de las actividades minería no se visibilizaban con la intensidad de hoy, y los conflictos entre comunidades y empresas aparecían como hechos aislados para una ciudadanía centralizada. Constituían etapas de trasformación de conflictos locales en nacionales y nos devolvían viejas y complejas contradicciones entre el desarrollo a partir de la visión nacional y la mirada local - regional, que ni la descentralización del Estado ha conseguido superar.

El escenario anterior viene reforzado de una tradición centralista del Perú, que privilegió el desarrollo de la costa dejando, hasta ahora, la sierra en manos de las empresas mineras. La liberalización de la economía tampoco ha contribuido a cambiar esta situación, por el contrario la fortaleció, luego que la minería fue declarada de necesidad nacional, la legislación domestica adecuada para hacerla más viable y paso a expandirse a zonas tradicionalmente no mineras a lo largo de los andes reconvirtiéndola en nuevos enclaves que sostienen las exportaciones.

La minería aparece como importante para la macroeconomía del país, principalmente para las exportaciones que son “agigantadas” por los altos precios de los minerales. Esta importancia no debe traducirse, en la práctica, en aceptación pasiva en el nivel local, menos aún en un país democrático en el que deberíamos tener la libertad de expresar nuestras aspiraciones u opciones de desarrollo local y/o regional. Sin embargo, estamos ante un escenario en que los derechos ciudadanos locales son “coactados” por las políticas nacionales para aceptar “ciegamente” a la minería como la única fuente del tan esperado desarrollo.

En general, desde la visión nacional se insiste en que la minería es el único camino del desarrollo para la sierra, y se hace referencia al porcentaje que representa la minería en las exportaciones peruanas (61.7% en el 2006), el canon y regalías mineras y el empleo. Suena tan predominante esta política que un comentarista liberal ha propuesto tendenciosamente cambiar el programa de “sierra exportadora agrícola”, que promueve el gobierno, por el de “sierra exportadora de minerales” y en el congreso se presento una iniciativa para destinar el 15% de las regalías mineras para armar a militares y policías.

Desde la perspectiva local la minería no ha logrado insertarse ni transformarse en un medio efectivo para el desarrollo local o regional y, por el contrario, acentúa la vulneración de los derechos humanos, la contaminación de los medios de vida y la pobreza de las comunidades locales. En efecto, según el último mapa de pobreza, Huancavelica, Pasco y Cajamarca, “regiones mineras”, se ubican entre los 6 departamentos más pobres de la sierra. La “oposición minera” es cuestionada por su falta de propuestas sin reconocer en mínimo la dependencia de las comunidades y poblaciones locales de los recursos naturales de su entorno que satisfacen el hambre y, de hecho, no podrían demostrar la validez de su propuesta del “buen vivir” en los mismos términos que el libre mercado exige.

Majaz: Lo local no es vinculante con la política nacional
Particular atención nos llama el caso de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba, donde lo central y lo local se desencuentran y desafían (1). Un reciente informe de Perú Support Group (PSG) (2) señala que “la tensión entre derechos ciudadanos y promoción de la inversión es real”, tal afirmación podría ser válida en diversos conflictos mineros, principalmente en fase de exploración y expansión.

El informe, añade, que “la tensión entre las directivas de la política de gobierno central y los derechos descentralizados es también evidente entre los diferentes niveles de gobierno”. Se hace referencia a los planes de desarrollo de los gobiernos locales que no incluyen a la minería y que dichos planes no son vinculantes con los del gobierno central. Al contrario podría representar la posición de la población local con respecto a la minería, dado suponemos su elaboración participativa.

Volvemos a que lo local no es vinculante con la política nacional. Los planes de desarrollo local, en este caso y existen otros, no son vinculantes con las políticas nacionales de desarrollo, como tampoco lo sería la consulta vecinal convocada por los municipios locales para decidir si dan o no consentimiento a la minería en su territorio; incluso la Defensoría del Pueblo ha planteado su desacuerdo con la consulta al considerarla como “un derecho a veto”. Tal parece, como dice el informe, “el proyecto [de Minera Majaz] está siguiendo su curso debido a que es considerado importante para la nación, no tanto por su interés local”.

La Oroya: Salud sacrificada, empresa complacida
La Oroya es una ciudad de la sierra central (Junín), donde se ubica una planta metalúrgica de propiedad de la norteamericana Doe Run Company que representa una amenaza abierta para la salud de los pobladores por las altas concentraciones de metales pesados en el aire que fueran comprobados por diversos estudios científicos que la ubican como la quinta ciudad mas contaminada del mundo.

En 1997 el Estado peruano aprobó un programa de inversiones en la mitigación ambiental por 10 años para la fundición, la que debía cumplirse a inicios de este año. Sin embargo, la empresa no ha venido cumpliendo con ejecutar las inversiones y solicito “en cinco oportunidades la modificación” (3) de su programa ambiental. La última petición de Doe Run fue la más escandalosa para el Estado central, pues implicó una prorroga hasta octubre del 2009, favorecida por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), primero, por una modificación de los plazos en las normas ambientales para cumplir con los programas ambientales y, segundo, al aprobarle la ampliación del plazo.

Posteriormente el Tribunal Constitucional dispuso que el Ministerio de Salud (MINSA) implementara un sistema de emergencia para atender a las personas contaminadas que a la fecha no se habría cumplido. Los afectados han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha admitido el caso al considerar la falta de acciones eficientes por parte del Estado peruano (4).

Sin embargo, los actos del MEM constituyen una flagrante vulneración no sólo de la política ambiental nacional sino de cómo el derecho a la salud es sacrificado por satisfacer los supuestos “intereses nacionales”. De igual manera nos deja claro que la defensa del derecho a la salud es, en el terreno institucional central, casi imposible porque las observaciones de las organizaciones afectadas no son validas para quienes norman, promueven, concesionan y fiscalizan la actividad minera.

El Quilish: la ordenanza que despertó un símbolo
En octubre del año 2000, la Municipalidad Provincial de Cajamarca emitió una ordenanza municipal que declaraba la intangibilidad del cerro Quilish al reconocer su importancia como fuente natural que abastece de agua a los campesinos de la zona y a gran parte de la población urbana de Cajamarca. Minera Yanacocha que tenía, aún la mantiene, planes de explorar y expandirse hacía el Quilish para garantizar su creciente producción de oro, presentó una acción de amparo contra la ordenanza municipal aduciendo que ésta afecta el desarrollo de las actividades mineras y crea un clima de inestabilidad jurídica.

La justicia local, en un hecho inédito, ratificó la ordenanza municipal al señalar que “el bien común prevalece sobre el bien privado” y Minera Yanacocha apeló ante el Tribunal Constitucional que emite una contradictoria sentencia que no desconoce la ordenanza pero, al mismo tiempo, facultaba la exploración y explotación del Cerro Quilish (abril, 2003). Y, a inicios del 2004, Yanacocha presenta al MEM la evaluación ambiental para explorar, la misma que es aprobada en julio del mismo periodo. Contradictoriamente a lo que dicto la justicia local, estábamos ante un hecho donde “el bien privado prevalecía sobre el bien común”.

Solo la movilización de los cajamarquinos pudo reafirmar la ordenanza municipal y hacer que el MEM dejara sin efecto la autorización y Minera Yanacocha decidiera voluntariamente retirar sus pretensiones de explotar el Quilish. Como señala el sacerdote Marco Arana, “después de las multitudinarias movilizaciones ciudadanas que se hicieron en el mismo cerro a lo largo de dos años, y mucho más, luego de la defensa que hizo el pueblo de Cajamarca en el histórico 14 de setiembre de 2004 ahora sostenemos que el Quilish es más que una fuente de agua, es también un símbolo y que, por tanto, está más allá de su importancia hídrica (…) tiene también una importancia simbólica, social y política en la defensa del agua amenazada por actividades mineras”(5).

Solo diálogo con el poder central
Un informe de la Defensoría del Pueblo identifica, como el principal impacto político negativo de los conflictos, el “debilitamiento de las autoridades regionales y locales en su capacidad para incidir en la prevención, gestión y transformación de los conflictos” (6).

Evidentemente esta afirmación se constata cuando en diversos conflictos emblemáticos se demanda como instancia de solución la instalación de “comisiones de alto nivel” que no contribuyen a fortalecer los procesos de descentralización y que por el contrario alimentan el centralismo.

Incluso la propia CONACAMI, el año 2002, había suscrito un acta de compromiso con el gobierno central para la instalación de una “Comisión Nacional Tripartita de Alto Nivel” con el objetivo de resolver los conflictos mineros, que nunca se concretaría precisamente por que la agenda propuesta incluía temas de política nacional sensibles para el modelo económico vigente.

En realidad, las demandas sociales por “comisiones de alto nivel” para resolver los conflictos parten de la claridad con que las comunidades afectadas identifican a la minería como una política de Estado y, por tanto, con quienes tienen el conflicto es con el Estado central. Precisamente con quién tienen que negociar, lo que parece innegociable, es con el Estado central y no con los gobiernos locales o regionales que no tienen “poder real” para decidir o influir en las políticas nacionales. Y, en otros casos optan por la negociación sin la presencia del Estado central ni local como en el caso de Tintaya (Cusco).

El desafío en la arena democrática
Entonces ¿cómo hacer prevalecer el bien común? Creemos que mientras no sean vinculantes los procesos locales de desarrollo o no sean atendidas las demandas por vulneración de los derechos humanos de las poblaciones afectadas por la minería de manera imparcial y no se emprenda una reforma del Estado central y del modelo económico, las políticas nacionales continuaran creando conflictos que seguirán generando desencuentros y polarizando los espacios locales.

Mientras no se fortalezcan la autonomía y poder local con la descentralización, y las comunidades y organizaciones sociales no ganen espacios de gobierno local, regional y nacional, lo central seguirá constituyendo una fuente de contradicciones. El desafío de los desencuentros alrededor de los conflictos mineros continúa siendo hallar soluciones en la arena democrática.

Notas:
1) Ver: Conflictos mineros en los andes: comunidades de Ayabaca y Huancabamba contra proyecto de Minera Majaz; http://www.alainet.org/active/17001〈=es

2) “Minería y Desarrollo en Perú, con especial referencia al Proyecto Río Blanco en Piura”; mayo 2007.
3) Informe de Conflictos Mineros: Los Casos de Majaz, Las Bambas, Tintaya y La Oroya; COOPERACCION; octubre, 2006.

4) Ver: http://www.todosobrelaoroya.org/noticia-detalle.php?kdigo=572

5) La defensa del cerro Quilish: ¿una cuestión romántica?; GRUFIDES, marzo 2007.
6) Informe extraordinario “Los Conflictos Socioambientales por Actividades Extractivas en el Perú”, Defensoría del Pueblo, abril 2007.