En los últimos dos años los precios de los productos agrícolas se han incrementado aceleradamente. Algunos especialistas sostienen que las causas son el subsidio de los países ricos a sus campesinos (en el 2006, 80,000 millones de euros, según Oxfam) y la especulación. Otros, que los orígenes son estructurales y están vinculados a la privatización de la tierra y del agua (que ya no son bienes públicos ni comunitarios sino propiedad de las multinacionales), a la liberalización comercial que ha permitido la apertura indiscriminada de los mercados de los países pobres, y al monopolio en la cadena de distribución de alimentos.

Hay también quienes explican las dificultades a partir del recorte de la inversión agrícola: el Banco Mundial redujo su aporte de 20% en 1980 a 2,9% en 2007 y la cooperación internacional de Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea (UE) cayó de 17% en 1980 a 3% en 2005. Y, finalmente, están los que hablan de un aumento de la demanda (generado por la necesidad de producir biocombustibles) y una restricción de la oferta (si consideramos el cambio climático y otras circunstancias imprevisibles).

Sea lo que fuere esta crisis global -unida al desplome económico norteamericano y al exorbitante precio del barril de petróleo, “tres crisis” le llama Ramonet-, golpea severamente a los sectores más necesitados y permite avizorar un escenario económico parecido al de 1929.

En nuestro país cuando el presidente de la República se refiere al alza de precios dice que las causas son internacionales y que poco o nada podemos hacer los peruanos. Eso es falso. El propio presidente ejecutivo de Sierra Exportadora, Gastón Benza Plufcker, ha rectificado a su jefe declarando que el ministerio de Agricultura no actúo con previsión para incrementar la producción teniendo en cuenta la fuerte demanda.

Además, la FAO ha sugerido interesantes iniciativas que el Perú debería considerar: por ejemplo, solicitar la ampliación de la ayuda a los países pobres (la UE ha sido la primera en responder el llamado destinando 1,000 millones de euros para apoyar a los agricultores africanos); revitalizar la vida de las comunidades rurales (aunque por estos lares el sentido es inverso); estimular la producción de alimentos subsidiando a los pequeños agricultores (mala palabra en el léxico nacional cuando se trata de los de abajo); inversión en investigación agrícola y en áreas abandonadas, etc.

Ninguna de estas recomendaciones, sin embargo, se ha puesto en marcha, por el contrario, sólo se apoya a las grandes empresas (Alicorp, Gloria, San Fernando, Redondos) mediante reformas arancelarias que les han permitido “ahorrar” 500 millones de dólares sin que sus productos hayan bajado de precio.

Si el gobierno no quiere sumarse a la larga lista de países en los cuales se han desarrollado levantamientos populares por la crisis alimentaria está obligado a replantear su política económica y, especialmente, su política agraria. Si no lo hace, los campesinos y las organizaciones que formamos parte del Bloque del Cambio tenemos la palabra.