El regreso o no de la fiscal Luz Loayza a Iquitos se ha convertido en una verdadera ola de nieve. De una supuesta vinculación de la Fiscal de la Nación con Fernando Zevallos (cierta prensa y ciertos analistas hablaron incluso de ella casi como peón o cómplice del tráfico ilegal de drogas y lavado de activos), la bola arrastra ahora a la propia Loayza, a tenor de las declaraciones del presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Raúl Castro. En efecto, en su presentación en la referida Comisión, la Fiscal Suprema Gladys Echaíz habría expresado “gravísimas acusaciones contra Loayza” que merecerían ser investigadas.

Ya no se trata, a nuestro juicio, de responder solamente a la cuestión de si Loayza retorna o no; el retorno que, dicho sea de paso, no es una decisión de la Fiscal de la Nación sino de la Junta de Fiscales Supremos, sino también de otras cosas importantes:

- ¿Existe realmente interés en la Fiscalía de la Nación de dificultar las investigaciones en torno a Fernando Zevallos?

- ¿Se trata de una ofensiva mediática y política para desembarcar a la doctora Bolívar porque sería “incómoda” a ciertas esferas del poder?

- ¿En el caso de Loayza, es sólo el interés de protegerla de “una muerte segura”, según se dice, o existen otras motivaciones y hechos que habrían sido informados en la Comisión de Justicia?
Parece que se abriera una verdadera “caja de Pandora”.

Hay, sin embargo, otra cuestión de fondo. ¿Los funcionarios que desempeñan labores de riesgo tienen condiciones de seguridad suficientes especialmente? Todo funcionario que cumple su deber cabalmente, especialmente en la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, enfrentando con decisión el delito, siempre pone en riesgo su seguridad. ¿Se resuelve este problema trasladándolos a Lima? Si se acude a esta “solución”, sólo quedarán en las provincias funcionarios ineptos, pusilánimes o complacientes.

Como puede verse, el asunto de fondo no es si se traslada o no a un funcionario, sino si el Estado es capaz de dotar a determinados funcionarios que tienen trabajo de riesgo de las condiciones suficientes para cumplirlos. Si el Estado no es capaz, entonces el recurso fácil es despoblar los pueblos del interior de gentes idóneas y dejar los que no lo son.

Aprovechemos la “polémica” en torno a la fiscal Loayza y vayamos más allá. Y en lugar de exigir a la Fiscalía de la Nación un traslado quizá justificado de una fiscal, exijamos al gobierno preocuparse porque esas condiciones se den.

Hay otras personas y funcionarios que también son objeto de amenazas, atentados y muertes, como alcaldes y concejales, funcionarios regionales, periodistas, maestros. ¿Los traeremos también a Lima para protegerlos?