Hasta que la razón derrotó a la sinrazón. Por lo menos parcialmente. El gobierno tuvo que parar en seco y remar hacia atrás frente a las críticas contra el D.S. 004 que, sorpresivamente, cosechó cuestionamientos en casi todos los ámbitos: académico, institucional, político, regional y popular. No solamente fueron, como pretendió distorsionar el gobierno, los sectores sindicales del SUTEP y la CGTP o Patria Roja y los extremistas que habían “atemorizado” a los gobiernos regionales con presuntas revocatorias para alcanzar su solidaridad.

También hubo voces contrarias desde otras vertientes, que el gobierno subestimó o esperó tácito respaldo. Desde el Foro Educativo y el Consejo Nacional de Educación, pasando por los más conocidos académicos y expertos en el tema, continuando con la Defensoría del Pueblo, llegando hasta Lourdes Flores y la propia dirigencia aprista con Mercedes Cabanillas. El quórum cuestionador se elevó como espuma, terminando por ahogar al gobierno, que se vio obligado al lanzarse a sí mismo un salvavidas, aceptando que todos los profesores entrarán a concurso.

Estos hechos ratifican nuestra afirmación, que en política educativa el gobierno está prácticamente en nada. De tiempo en tiempo, como mago en decadencia, pretende sorprender a la audiencia buscando inexistente conejos en su viejo y agujerado sombrero que hace las veces de plan de gobierno de supuesta raigambre popular.

Sin embargo, algo aparece como indicio vigoroso. Una presunta recuperación, al menos en sectores de su cúpula dirigencial y gubernativa, de viejas y aparentemente superadas tendencias de sectarismo, de rechazo a toda crítica, a la adjetivación violenta y temeraria, a considerar enemigo a quien no comparta sus puntos de vista.

Hemos escuchado frases como:

- “Estamos dispuestos al diálogo”, para inmediatamente agregar “pero no hay necesidad de cambiar absolutamente”: ¿Para qué dialogar entonces?

- “Con la política de conciliación se cae en mediocridad”. ¿El gobierno no tiene la responsabilidad de conciliar puntos de vista distintos para encontrar el mejor camino? No se trata de conciliación ideológica, sino de puntos de política concreta. ¿Si no para qué las “mesas o comisiones de alto nivel”; las reuniones con el Presidente, con los ministros, o los acuerdos entre trabajadores y empresarios, incluso las conciliaciones extrajudiciales? Es pecado de soberbia desconocer que en la política concreta de cada día puede haber conciliación y entendimiento.

¿Qué significan, por otro lado, los llamados a Contraloría, al Ministerio Público, al Poder Judicial, conminándolos a “vigilar” el acatamiento del citado decreto, a denunciar, procesar y encarcelar a presidentes regionales que mostraran oposición? ¿Muestra de ira? ¿Comienzo de intolerancia? ¿Aviso de represión? ¿Advertencia para estar quieto? ¿Rabieta por un “NO” multitudinario?