Con la presentación de la demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya se abrirá un nuevo, especial y delicado capítulo de nuestros conflictos limítrofes con Chile.

Lo primero que debe existir no es, como dice el primer ministro Del Castillo: “Un amplio consenso”, sino UNANIMIDAD entre los peruanos para defender nuestros derechos. Y nos parece bien, por ello, que el gobierno se reúna con distintos sectores representativos de la población para exponer el tema y fortalecer la unidad nacional al respecto. No se trata, obviamente, de desnudar a los ojos de todo el mundo los contenidos particulares de la estrategia y las tácticas política y diplomáticas, ni de las formas o mecanismos concretos o de detalle que se habrán de ejercitar. Sino, más bien, de generar una sólida y uniforme conciencia sobre nuestras razones histórico-geográficas y legales y los ejes fundamentales de la estrategia general.

Por eso, parecen fuera de lugar las pequeñas e intrascendentes “polémicas” sobre si el Consejo es el único indicado para tratar estos asuntos y no el Acuerdo Nacional. Cuanto más organismos sean informados, cuanto más foros se abran, mejor. Ya los responsables sabrán medir, en cada escenario, la importancia y profundidad de la información correspondiente. Pero pretender aprisionar este asunto, que se encuentra más allá de ideologías o militancias y de ubicaciones económicas o sociales, en reducidas capillas o élites, sería un grave error.

Es equivocada la afirmación que “sólo el Parlamento puede conocer una información completa, detallada de la demanda que se presentará ante La Haya” (Gonzales Posada). Pues, además del Ejecutivo y el equipo de funcionarios responsables, lo conocerá un conjunto de otros funcionarios, diplomáticos, asesores, expertos nacionales, extranjeros; y, por supuesto, la demanda completa la conocerá Chile, así como los medios de comunicación y cualquier interesado en el tema.

Y más equivocada todavía es el aserto de Rolando Souza: “Del Castillo conspira contra la reserva y la seguridad que debe tener la demanda”. La demanda no es reservada en sus contenidos y fundamentos. Lo que es reservada, reiteramos, es la estrategia política, diplomática y legal, concreta; las diarias definiciones, pasos, tácticas, conexiones, mecanismos, así como las alternativas y contrargumentos que se presenten en el transcurso del proceso.
No podemos admitir reservas, silencios, debilidades o neutralidades respecto de los derechos que corresponden al país. Menos aún con Chile, con quien la historia de nuestras relaciones no es precisamente edificante