Gremios campesinos y agrarios realizaron una contundente paralización en todo el país los días 18-19 del mes de febrero, poniendo de manifiesto la crisis, abandono y pobreza que vive el campo, demandando  compensación por los perjuicios que traerá el TLC con EEUU, vigencia de la Ley de Aguas, contra el alza del precio de los fertilizantes, y rechazo a los proyectos de ley Nro. 1770/07/PE  (entrega a COFOPRI  por 4 años la función de titulación de tierras, y reversión al Estado de predios rurales de las comunidades campesinas y nativas), y el P.L.1992/07/PE (que permite enajenar tierras comunales en Sierra y Selva con sólo 50% del voto de los miembros, y no los dos tercios como era antes), demandaron reiteradamente el cese de la persecución a los líderes agrarios.

Sin embargo, el gobierno de Alan García ha hecho oídos sordos a los reclamos y ha respondido represivamente, decretando el Estado de Emergencia en varias provincias y ordenando a las FFAA asumir tareas de orden interno. El Paro ha culminado con el  asesinato de cinco campesinos a manos de la policía, y el encarcelamiento de más de 150 dirigentes agrarios, lo que traerá como consecuencia la agudización de la crisis social y económica que vive el campo.

Esta estrategia de “puesta en valor” y privatización de las tierras comunitarias se complementa con la llamada “Ley de la Selva” plasmada en el P.L. Nro 840, y el D.S. que pone en subasta las tierras “sin cubierta boscosa” o supuestamente eriazas de la Amazonía (8 millones de Ha. Aprox.), lo que vendría a sumarse a los 43 millones de Has. Concesionadas para explotación petrolera, minera y forestal en la Amazonía, sin licencia social ni ambiental y en contra de los derechos de las comunidades nativas y la población selvática.  Al respecto, los frentes de defensa, movimientos regionales y organizaciones sociales proyectan manifestar su rechazo a través de un Paro, y convocan a una masiva consulta popular.

Al mismo tiempo, el Gobierno de coalición neoliberal de Alan García y su taimado Ministro de Educación, han sufrido una aplastante derrota política respecto al  DS 004/08 llamado “del tercio superior”,  viéndose obligados por la mayoría de Gobiernos Regionales unidos al movimiento magisterial y al SUTEP, a dejar de lado este requisito para los concursos de contratados y nombrados, “tercio superior” declarado anticonstitucional por la Defensoría del Pueblo. DS que debe ser derogado de inmediato.

Mención aparte merece también la lucha del pueblo de Cusco por la derogatoria de las leyes 29164 y 29167 que afectan su patrimonio cultural, pese a que el gobierno se ha visto obligado a modificarlos. Al respecto se impone la derogatoria porque varios gobiernos regionales copados por el APRA y la derecha podrían aplicarlos para vender el patrimonio histórico y sus zonas aledañas al mejor postor con fines de lucro.

En conclusión, la política privatizadora, entreguista, y antipopular del Gobierno obedece  a una estrategia de control geopolítico, comercial y de saqueo del imperialismo norteamericano en la región, pretendiendo frenar el avance de gobiernos progresistas, nacionalistas y socialistas que buscan una integración regional alternativa a  través del ALBA, el Banco del Sur, y la Unidad Sudamericana.  Con ese fin requieren “gobernabilidad” y paz social así sea mediante la represión abierta o encubierta, a través de grupos privados paramilitares, de inteligencia, y asesores militares norteamericanos que ingresan al país sin ninguna restricción. Más aún cuando se realizará en el Perú la V Cumbre UE-LAC en Mayo, y la Cumbre de la APEC en Noviembre.

¡ABAJO EL COSTO DE VIDA!  ¡ALTO A LA REPRESIÓN!

¡POR EMPLEO DIGNO CON DERECHOS PARA TODOS!

¡ALTO AL ENTREGUISMO, EL PERÚ ES DE LOS PERUANOS!