La destrucción y la desgracia humana se han convertido en una oportunidad de negocios para las empresas privadas. Sucedió así en Irak, donde grandes  empresarios norteamericanos se echaron millones de dólares al bolsillo para reconstruir las ciudades que los bombardeos ordenados por Bush convirtieron en ruinas. Sucedió en Nueva Orleáns, después que el huracán Katrina asolara esa región y mostrara a los ojos del mundo la miseria en que viven millones de norteamericanos. Sucede hoy en Pisco, donde los empresarios, amparados por Julio Favre, que mientras muestran rostros compungidos para las cámaras, calculan cuanto ganarán con el pingüe negocio de convertir los escombros dejados por el terremoto en “la región más próspera y moderna del Perú”.

Por supuesto que para ello han necesitado dar un empujón al Estado y sus instituciones regionales y locales, usando el manido argumento de la incapacidad de las instituciones públicas frente a la eficiencia indiscutida del sector privado. Cuentan para ello, como no, con la bendición del Presidente García, convertido hoy en el más ferviente devoto del catecismo neoliberal, y con la batería mediática derechista, en la que la Chichi Valenzuela hace gala de la más desenfrenada esquizofrenia política.

El “Zar de la reconstrucción” pertenece a esa pandilla de la derecha “combi”, racista y chabacana, entre cuyos miembros destacan personajes como Aldo M, Ricardo Bedoya y Martha Hildebrandt. Favre no solo es un empresario mediocre, es también un tipo que ha cobrado notoriedad por ser un reaccionario bilioso e insultante (franqueza, le llaman sus defensores), por haber colaborado activamente con lo más oscuro del fujimontesinismo, y por haber participado en la guerra sucia, nada más ni nada menos que poniendo sus propiedades a disposición de torturadores y él mismo levantando una organización paramilitar. (A esto último la Chichi, muy seriecita ella, le ha llamado legítima defensa).

 Y este personaje, que proclama su disposición a sacrificarse por el país, que asegura que va a trabajar sin cobrar un centavo, ha sido investido con amplios poderes para determinar cuáles empresas constructoras e inmobiliarias medrarán con los 500 millones de soles que se calcula que el Estado deberá desembolsar para la reconstrucción. Y en aras de la supuesta eficiencia se han eliminando cualquier atisbo de fiscalización y los “engorrosos trámites burocráticos” que entraben la gestión.

Con esta lógica mercantilista e impunidad asegurada no es de extrañar que la Vice Ministra de Transportes haya salido a defender a capa y espada a su ex empleadora, la Telefónica, absolviéndola de toda responsabilidad en el colapso de las comunicaciones en plena emergencia ocasionada por el sismo. Tampoco es de extrañar que la empresa Soyuz subiera los pasajes debido a la demanda de la gente que quería viajar al sur, angustiada por la suerte de los suyos, o que periodistas que ayer fungían de izquierdistas radicales hayan vendido su alma al diablo por un puñado de dinero.

Negocios son negocios.