Después del Paro del 9 de julio, cuya contundencia ha sido confirmada en los hechos y posteriormente por las encuestas de opinión, el pueblo peruano demanda un nuevo rumbo para el país. Vemos, sin embargo, con profunda preocupación, que el gobierno ha optado por asumir la política de colocarse de espaldas al veredicto popular y continuar como si nada hubiera pasado. Creemos que el Gobierno debe dejar de lado la soberbia; el Presidente García está obligado a pronunciarse sobre la plataforma que motivó esta medida de lucha.

¿Qué esperamos las Organizaciones conformantes de la Coordinadora Político Social de este mensaje?

Esperamos un cambio de rumbo y se ponga fin a un manejo de la política económica en el que el crecimiento no va acompañado de desarrollo social y humano. Demandamos la redistribución de la riqueza y que el país recupere gran parte de la riqueza generada por la explotación de nuestros recursos naturales, para dirigirla no a las arcas de las grandes transnacionales, sino a la inversión en salud y educación, en infraestructura y vivienda, en apoyo al agro y a las MYPES.

Y, ciertamente, buscamos que se ponga fin a la criminalización y persecución a la protesta. ¡Basta de plomo a quienes piden pan!

Pero esto solo será posible si se pone fin a la política de oídos sordos. Por ello demandamos con toda firmeza un mensaje reflexivo yu autocrítico, y sobre todo, que exprese voluntad de cambio.

Los peruanos exigimos una actitud serena y tolerante, la soberbia y la arrogancia no ayudan a encontrar soluciones y salidas a los graves problemas del país.

Demandamos que cese el autoritarismo, el macartismo, la represión, las amenazas y las campañas de infamias, que acrecientan el descontento social.  Se equivoca el Gobierno si cree que de esa manera va a impedir las protestas.

Demandamos diálogo con el Presidente García para discutir la plataforma del paro del 9 de julio. Diálogo con resultados concretos. El diálogo infructuoso agota la paciencia de nuestro pueblo.

Sobre estas premisas y en actitud serena y sin ningún tipo de triunfalismos, planteamos al Señor Presidente de la República se pronuncie sobre las demandas que motivaron el Paro Nacional del 9 de Julio.

Cambio de rumbo de la política económica y social del gobierno para atender las necesidades de las mayorías, terminar con los privilegios de los más poderosos y poner freno al galopante alza del costo de vida.

Aumento de sueldos, salarios y pensiones para compensar el alza del costo de vida.

Recuperar el control nacional sobre gran parte de la renta o ganancias que generan nuestros recursos naturales, restituyendo el papel estratégico y rector del Estado y aplicando –de inmediato- el impuesto a las sobreganancias mineras para inversiones sociales.

Demandamos el cese de la amenaza de despojo de las tierras de las comunidades campesinas y nativas en beneficio de las corporaciones extranjeras (mineras, petroleras, gasíferas o agronegocios), y que se, y que se deroguen los Decretos Legislativos dictados con ese fin.  Demandamos una efectiva reestructuración de la deuda agraria, mayores recursos para el Agrobanco, subsidio para los insumos agrícolas, precios justos y una política alimentaria soberana.  Lucha frontal contra los especuladores y los oligopolios importadores de alimentos.

Demandamos la defensa de la soberanía nacional e integridad territorial, que se ponga fin a la presencia de tropas norteamericanas en nuestro territorio; que el gobierno deje sin efecto los decretos legislativos que propician la venta de nuestras Empresas estratégicas y se deje de lado la privatización de los puertos, que son el soporte de nuestra seguridad nacional, así como los recursos naturales y culturales.

Demandamos la derogatoria de los Decretos Legislativos inconstitucionales que CRIMINALIZAN LA PROTESTA y facultan a las Fuerzas Armadas y Policiales, a disparar impunemente sus armas contra el pueblo. Exigimos transparencia, combate frontal a la corrupción y la impunidad.

Exigimos el cese de los atropellos y abusos en contra de los trabajadores, amparados en una legislación laboral que proviene de la dictadura Fujimorista y que este Gobierno profundiza a través de Decretos Legislativos inconstitucionales que recortan los derechos de los trabajadores.

Demandamos al Congreso, que ejerciendo el control político que la Constitución le faculta, DEROGUE  los Decretos Legislativos anticonstitucionales, antipopulares y represivos, así como le requerimos que apuebe la Ley General del Trabajo, que sirva de sustento jurídico a un modelo de relaciones laborales más justo y equilibrado.

El crecimiento económico, sobre la base de una economía primario exportadora y de subordinación a las transnacionales, con una política de “cholo barato”  y sin derechos, no es sostenible, por el contrario, destruye nuestro aparato productivo y el mercado interno,  ahonda la desigualdad, la explotación del trabajo y acrecienta el conflicto social.

El Gobierno y más concretamente el Presidente García, tiene la palabra.  El 9 de julio el pueblo exigió un cambio de la política económica excluyente que sólo beneficia a un grupo de oligarcas y a las empresas transnacionales (Minería, energía, comunicaciones y financieras) que gozan de granjerías.

El país exige que se gobierne para todos los peruanos y no solo para un grupo de privilegiados. Exige una verdadera REFORMA TRIBUTARIA, para que paguen más los que más tienen y se destine mayor INVERSIÓN SOCIAL en Educación, Salud, Nutrición y Seguridad Ciudadana.

Las Regiones exigen una distribución más equitativa del Canon, se imponga el 50% de impuesto a las sobreganancias mineras y que se respete el patrimonio regional.

Los trabajadores demandan EMPLEO CON DERECHOS Y SALARIOS JUSTOS.  Respeto a la libertad sindical, a la negociación colectiva y al derecho de huelga.

En conclusión, este 28 de julio el Presidente, atendiendo la plataforma del paro del 9 de julio, anuncia un cambio de rumbo, o será el pueblo peruano el que, con la organización y la lucha de los pueblos de todos los rincones de la patria, abra ese camino de cambio que reclama con justicia.

Lima, 24 de julio de 2008  

COORDINADORA POLÍTICA SOCIAL