En un fallo histórico y contra todos los pronósticos, la justicia chilena decidió la extradición del delincuente Alberto Fujimori, hecho que sin duda tendrá repercusiones políticas en nuestro país.

Para la derecha resulta una posición incómoda tener que pronunciarse a favor de que este individuo sea juzgado y condenado por sus numerosos crímenes, a la vez que reconocer “las cosas positivas” que supuestamente se hicieron durante su régimen, en especial la aplicación del modelo neoliberal, que toda la reacción abraza sin reservas.

La espuria Constitución que el año 93 promulgó el fujimontesinismo para hacer viable y legitimar el capitalismo salvaje, fue el resultado del golpe y el fraude descarado, y representa uno de los mayores delitos que se cometieron en contra del país, hecho que debió ser subsanado mediante su derogación inmediata a la caída del régimen corrupto, pero que sin embargo ninguno de los gobiernos sucesivos se ha atrevido a hacer.

A Fujimori le debe caer todo el peso de la Ley y ser tratado como lo que es: como un delincuente mayor, responsable de crímenes de lesa humanidad y de la corrupción más grande que se ha conocido en la historia republicana. Mientras más alto el cargo que ocupa una persona en el Estado, mayor su responsabilidad y mayores deben ser las penas por los delitos cometidos.

Sin embargo el proceso legal no debe convertirse en un circo, ni show mediático, que se usa como cortina de humo distraer a la opinión pública, desviar su atención de los grandes problemas que afectan al país y a los peruanos, y ocultar las grandes responsabilidades que le competen al actual gobierno.

Quienes desde la izquierda nos opusimos y luchamos contra el fujimontesinismo lo hicimos no solamente porque representaba un régimen autoritario y corrupto, sino también porque encarnaba el entreguismo más descarado, porque puso a nuestro país como pasto para alimentar la voracidad de las transnacionales, lesionando los intereses nacionales, desprotegiendo a la industria y la agricultura, convirtiendo a los trabajadores en personas sin derechos y a las grandes masas de desposeídos en víctimas de una perversa política de clientelaje y asistencialismo. Para nosotros resultó claro desde el principio que enfrentar a ese régimen implicaba centralmente luchar contra el modelo neoliberal, en cuya naturaleza germinan el autoritarismo, la exclusión y la corrupción, elementos que han estado presentes durante el toledismo, y que hoy también afloran en el régimen aprista.

Superar el fujimorismo, significa, en esencia, acabar con el modelo neoliberal, convocar a una Asamblea Constituyente para darle al país una nueva Carta Magna, luchar frontalmente contra la corrupción, cerrarle el paso al autoritarismo y la intolerancia. Pero también una dura batalla para combatir su herencia en el terreno de los valores y la cultura política. Con una población sumida en el atraso político, atrapada en el individualismo, el pragmatismo y el egoísmo, desinteresada de los grandes problemas nacionales, no es posible realizar los grandes cambios que el Perú requiere, y los demagogos de turno siempre tendrán cabida. Más allá de las personalidades retorcidas de algunos gobernantes, existen elementos en la sociedad que permiten que se desboquen las tendencias autoritarias, que la corrupción sea vista y hasta tolerada como una forma natural del ejercicio de la función pública.

En esto consiste nuestra lucha, muy distinta de los cubileteos y reacomodos de la derecha, de los que seremos testigos en los próximos meses, que tratarán de esconder sus rabos de paja, si las condiciones lo exigen marcar prudente distancia del reo, pero que cerrarán filas para que el régimen económico que aplicó Fujimori permanezca intocado.