Después que el Presidente García con su acostumbrado desparpajo calificó de injustificado el paro agrario, señalando que mientras en el Perú el agua se les regalaba a los agricultores, en Estados Unidos se pagaba 78 centavos de dólar por metro cúbico, e instó a los regantes a invertir, modernizar sus sistemas de riego, usar técnicas avanzadas en lugar de estar haciendo reclamos sin sentido. (Aunque, claro, se cuidó mucho de mencionar los millonarios subsidios y el proteccionismo con que gozan los agricultores norteamericanos, y que por tanto esa analogía resulta una broma de mal gusto).

Después que el Premier Del Castillo afirmó que los agricultores no acatarían el paro decretado por las centrales campesinas y que en el país no había descontento alguno, sino manipulación de agitadores comunistas.

Después que el Ministro de Agricultura señaló que todos los problemas en el campo estaban prácticamente resueltos y que existía un diálogo permanente y fluido con los representantes de los gremios del sector.

Después de tanta palabrería para ocultar lo inocultable (es decir el hecho que existe una crisis agraria que se agrava y que el descontento del campesinado crece como levadura),  el lunes 17 de febrero el Perú amaneció paralizado con los bloqueos de carreteras, movilizaciones y protestas de los agricultores. Lo que pone en evidencia que el “shock de inversiones”, “Sierra Exportadora” u otro programa similar son útiles como elementos distractivos y engañosos, pero que no están diseñados para resolver los profundos problemas que aquejan al campesinado y que se agravarán con la implementación del TLC con EE.UU..

Solucionar el problema agrario implicaría dejar de lado el modelo económico neoliberal en curso, lo que es un imposible para el gobierno y el conjunto de la derecha. En su visión, la ruina de los campesinos es uno de los costos que hay que pagar para lograr lo que ellos consideran “desarrollo”. Su opción consiste entonces en mantener a raya a las protestas mediante el uso de la represión abierta. En ese sentido se han aprobado leyes que criminalizan las protestas populares y que autorizan a la policía y fuerzas armadas para disparar a mansalva sobre la población. La aplicación de esta política para enfrentar el paro agrario ha dado como resultado cuatro campesinos muertos, decenas de heridos y detenidos y varias provincias declaradas en estado de emergencia. Se llamará al Ministro del Interior a explicar lo de las muertes, se buscarán chivos expiatorios (los dirigentes campesinos), se harán amagues de diálogo y pondrán en marcha uno que otro programa asistencialista, y los especialistas nos abrumarán con sesudos análisis en los medios de comunicación. Pero en esencia el problema continuará irresuelto

La imposición a rajatabla de medidas entreguistas y privatizadoras, como es el caso de la llamada “Ley de la Selva”, el atentado contra el patrimonio histórico y cultural, el intento de privatizar los puertos y aeropuertos, no han hecho sino provocar la indignación popular y las medidas de lucha para detener esta política nociva. Lo propio sucede con los trabajadores, cuyos derechos vienen siendo conculcados, con los maestros que resisten una ofensiva implacable por parte del Ministerio de Educación, con las amas de casa que comprueban el alza constante de los artículos de primera necesidad.

En el presente año las convulsiones sociales se extenderán a lo largo y ancho del país, lo que nada tiene que ver con la labor de agitadores profesionales, como pretende la derecha. La raíz de fondo consiste en la voluntad del gobierno de llevar hasta sus últimas consecuencias un modelo económico excluyente y entreguista, causa del atraso del país y de la pauperización de su población, situación que choca con el legítimo derecho de las mayorías a exigir cambios profundos y necesarios para lograr su bienestar, la defensa de los recursos naturales, la soberanía nacional, la plena democracia.

Cambio o continuismo es la contradicción que jalona el Perú de hoy. La demagogia gobiernista, su empeño en dividir el movimiento social, las campañas mediáticas para desacreditar las luchas populares, la represión brutal, son las herramientas que usará de manera recurrente  para allanar el camino a la profundización del modelo neoliberal. Solo la gran unidad del pueblo peruano, su disposición a la lucha por los grandes objetivos, su acceso a las esferas de gobierno y poder, puede detener esta ofensiva y abrir el camino a las transformaciones profundas que el país requiere.