La cloaca de los servicios de inteligencia, es decir el diario Correo dirigido por Aldo M, publicó la “primicia”  de que la jueza Patricia Overliujs, acogiendo la denuncia formulada, semanas atrás, por el fiscal Silvio Crespo, ha abierto proceso penal contra el ex candidato presidencial, Ollanta Humala, por su presunta autoría intelectual del asalto a una comisaría en la ciudad andina de Andahuaylas en el 2005, que dejó seis muertos, cuatro de ellos policías. De esta manera, Ollanta Humala ha pasado de la condición de testigo a inculpado, con el riesgo de ser condenado a 15 años de prisión, tal como ha solicitado la fiscalía.

Más allá de los vicios legales e irregularidades que violan todo el proceso, lo que interesa es develar la intencionalidad política que está detrás de esta leguleyada. Para nadie es un secreto que Ollanta Humala en el último proceso electoral se erigió en el  líder que canalizó las aspiraciones de cambio de vastos sectores de la población, abriéndose la posibilidad de disputarle el gobierno a los candidatos de la derecha. Situación que puso los pelos de punta a los sectores conservadores que abonaban por el continuismo neoliberal y que los llevó a cerrar filas detrás de Alan García, a poner en marcha una formidable ofensiva mediática en contra del candidato nacionalista, a echar mano del fraude para robarle la victoria.

El susto de la derecha no ha pasado. Ven el 2011 con honda preocupación y las experiencias de Venezuela, Bolivia o Ecuador son verdaderas pesadillas que les quitan el sueño. Son conscientes que de articularse un proceso unitario que levante las banderas de cambios profundos para el país, su situación se verá seriamente complicada. Por ello su estrategia consiste en impedir a toda costa esta articulación, golpear y neutralizar a los liderazgos populares, promover la división y fragmentación del movimiento social. A esto apuntan las leyes que criminalizan las protestas populares, para eso actúan las hordas bufalescas y los tontos útiles de Sendero Luminoso, para eso trabajan los grandes medios de comunicación, a eso se prestan medios como el diario Correo, siempre dispuestos a cumplir su labor de alcantarilla; para eso les sirven jueces y fiscales venales y corruptos.

La decisión de la jueza Patricia Overliujs hay que entenderla como parte de esa estrategia, donde la demolición de la candidatura de Ollanta Humala es un asunto de primer orden. En los años que quedan hasta los próximos comicios electorales, la derecha va a hacer esto y mucho más, y hay que estar preparador para derrotar una a una sus maniobras.

Nos corresponde expresar nuestra solidaridad a Ollanta Humala, a la vez que sumarnos a la campaña de rechazo a la maniobra derechista. La denuncia contra Ollanta es un acto político y hay que responderlo políticamente, convertirlo en una oportunidad para desenmascarar a la derecha, a sus turbias maniobras que no expresan sino miedo y desesperación ante el avance de las fuerzas del cambio.