Con esta frase que gritaba a los cuatro vientos mientras era conducido por la policía después de su captura, Jesús Sosa Saavedra pretendía justificar las muchas muertes y torturas que cometió durante su desempeño como ejecutor en el contexto de la guerra sucia que las fuerzas armadas, con el aval de los gobiernos de turno, implementaron en el país desde 1980 para combatir a la subversión.

Es la misma frase que han esgrimido Martin Rivas y los otros integrantes del Grupo Colina, los altos jefes militares y policiales involucrados en esta vorágine sangrienta donde la violación de los derechos humanos se convirtió en política de Estado, en procedimiento que dictaban los manuales de la “guerra clandestina”, en la aplicación de la doctrina contrainsurgente aprendida en la Escuela de las Américas, institución creada por el imperio norteamericano para estos fines, donde se graduaron más de 60,000 militares y policías de toda América Latina.

El periodista Ricardo Uceda en su libro Muerte en el Pentagonito recoge los resultados de una minuciosa investigación sobre la guerra sucia que se aplicó en el país entre 1982 y 1993 y da cuenta de manera cruda y objetiva cómo se procedía a los secuestros, a las torturas, a las ejecuciones a  sangre fría, a los procedimientos macabros para desaparecer los cadáveres; actividades que fueron realizadas por grupos que operaban dentro de las estructuras de los servicios de inteligencia, y que no constituyeron hechos aislados, sino que fueron resultado de un plan sistemático que contaba con el soporte económico y logístico de las fuerzas armadas, con el conocimiento de sus mandos y con la impunidad que les garantizaba el poder político de turno. Porque esta guerra sucia que se ensañó sobre todo con los pobladores campesinos atravesó el segundo gobierno de Belaunde, el primer gobierno de Alan García y el régimen fujimorista, todos ellos comprometidos con crímenes de lesa humanidad.

Alberto Fujimori premió con asensos a los miembros del Grupo Colina y los felicitó por sus “servicios” prestados a la patria. Cuando sus fechorías se conocieron y el repudio ciudadano se hizo unánime, no quedó más remedio que hacer la pantomima de un juicio y condena en los tribunales militares para luego amnistiarlos y dejarlos en libertad, hecho que motivó la intervención de la Corte de San José que ordenó que fueran procesados nuevamente. Jesús Sosa es el último de los miembros del Grupo Colina en ser capturado, y como ya lo han hecho sus compinches repite el libreto de yo solo serví a mi país, soy un soldado que cumplía órdenes.

El reo Fujimori, procesado, entre otras cosas, por haber conocido y avalado las actividades del Grupo Colina, entre cuyos crímenes se encuentran la matanza de Barrios Altos y los crímenes de la Cantuta, siempre alardeó de ser el artífice de la derrota infringida a los grupos subversivos. Hay un denominador común en la línea de argumentación de Martin Rivas y Alberto Fujimori, ambos pretenden convencernos que sus actos sirvieron al país, que sin ellos el terrorismo no hubiera sido derrotado, que los muertos constituyeron el costo que había que pagar para salvar al país y a la democracia. Claro que ya en el banquillo de los acusados se cuidan mucho de asumir responsabilidad en los crímenes por los que podrían purgar largas condenas en la cárcel.

Jesús Sosa, alias kerosene, ha dicho también que Fujimori es inocente, que no sabía nada de lo que ellos hacían. Lo dice en medio del mega juicio que se le sigue al ex dictador y cuando abundan pruebas y testimonios que confirman lo contrario. César Nakasaki, abogado de Fujimori, ha advertido que el testimonio de Vladimiro Montesinos abonará asimismo en exculpar a su defendido. La complicidad, las negociaciones, el contubernio, el espíritu de cuerpo entre los criminales: con ello cuenta Nakasaki para desbaratar a la parte acusadora.

A esta gavilla de delincuentes hay aún sectores de la derecha que los consideran héroes que prestaron invalorables servicios a la patria y que ven como una tremenda injusticia que sean juzgados por sus delitos. Es la misma derecha que justifica el autogolpe del 5 de abril 1992 y que glorifica a su engendro más preciado: la espuria Constitución de 1993, instrumento necesario para legalizar el autoritarismo y la aplicación del modelo neoliberal en curso.