Es sabido que para la derecha la democracia es un taparrabos que no tiene el mínimo rubor de despojarse si de cautelar sus intereses se trata. Ha ocurrido tantas veces en el Perú, que ahí están para demostrarlo las decenas de golpistas que han pasado por Palacio, los miles de dirigentes populares perseguidos, presos, muertos y desaparecidos; las marchas reprimidas, los fraudes electorales, los jóvenes apaleados, los opositores torturados, los campesinos matados a mansalva y usados como carne de cañón. Ahí están también Fujimori usando todas sus influencias para impedir su extradición y Alan García, cuyas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante su primer gobierno lo persiguen como fantasmas que en vano pretende conjurar con elevadas dosis de valium.

Ahora, cuando los alcaldes de los distritos de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa, de la Región Piura, han convocado a un referéndum para tomar una decisión sobre la conveniencia o n o de la explotación minera en sus valles agrícolas, la derecha ha puesto el grito en el cielo. Esa derecha que acusa de totalitarios a los regímenes socialistas, que se desgañita acusando de dictador a Hugo Chávez, que se pone histérica pidiendo elecciones universales en el Sutep, esa misma derecha que funge de campeona de la democracia ahora sostiene que el referéndum de los campesinos piuranos no es válido. Para justificar lo injustificable han rebuscado una serie de argumentos que dan risa, como aquello de que los pobladores están manipulados por gente que no quiere el progreso, que detrás de las protestas están los comunistas perversos, las ONGs  y hasta curas diabólicos. Como siempre, la Chichi Valenzuela ha salido a poner el pecho y ha contribuido con un sesudo argumento que sostiene que las riquezas mineras ubicadas en esos distritos no pertenecen a las personas que allí habitan, sino a todos los peruanos, por tanto, en aras del “beneficio” de la mayoría no interesa que a unas decenas de miles de campesinos se les inutilice sus tierras de cultivos, se les contamine sus fuentes de agua y se les complique su existencia más de lo que ya está en la actualidad.

De repente el Dr. Del Castillo se ha acordado que en esa región hay pobreza y pobreza extrema. Como si su gobierno no tuviera ninguna responsabilidad, ha salido con cifras en la mano a demostrar que la agricultura no representa beneficio alguno para esos campesinos. ¿Y la sierra exportadora? ¿Y el shock de inversiones? Estas son preguntas que incomodan al Premier, que no quiere admitir que lo primero se ha traducido en Sierra explotada y saqueada y lo segundo en un shock de corrupción.

En el fondo de todo esto está el debate sobre la visión de desarrollo que le conviene al país. Para la derecha no ha cambiado el esquema primario exportador que viene desde la colonia; es decir, el Perú convertido en depositario de materias primas, cuya explotación no puede realizarse sin el concurso del capital extranjero, al que por tanto hay que otorgarle todas las ventajas, como por ejemplo desregulación laboral, exoneración de impuestos, carta libre para contaminar el medio ambiente, incluso la potestad para que cuenten con sus propios ejércitos particulares y hagan seguimientos y reglajes a los opositores. Esto es lo que cuestionamos quienes asumimos una visión distinta de desarrollo, que consiste en basarnos en nuestras propias fuerzas y recursos para desarrollar el aparato productivo, darle valor agregado a nuestros productos, aprovechar el potencial nacional para un crecimiento armónico que revierta en el beneficio de la población. El Perú cuenta con diversidad de recursos para salir adelante y no puede estar condenado al papel de exportador de materias primas. Los recursos mineros pueden y deben ser aprovechados en el marco de un proyecto de desarrollo integral, en condiciones dignas y ventajosas para el país, donde se garantice la preservación del medio ambiente y se tome en cuenta la opinión  de los pobladores directamente afectados.

Los pobladores de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa están en su perfecto derecho de decidir sobre una cuestión que los afecta y el Estado debe respetar los resultados de la consulta popular, en lugar de empeñarse en satanizarlos y hostigarlos. Estos pobladores, cuya pobreza recién ha descubierto el Sr. Del Castillo, han dado una gran lección de dignidad al país al haber rechazado los 80 millones de dólares ofrecidos por la empresa para que cejen en su empeño de defender lo que creen justo. El neoliberalismo que promovió el invidualismo más feroz, el pragmatismo más descarado, que colocó al mercado, donde todo se compra y se vende, como la panacea a todos los males, no ha podido sin embargo comprar la conciencia de un pueblo. Esta es la gran reserva moral que hará posible los profundos cambios que el Perú requiere.